El 95% de los bancos asume el Código de Buenas Prácticas.

El Código de Buenas Prácticas Bancarias aprobado por el Gobierno a principios de marzo ha tenido una gran acogida. A pesar de que la adhesión era opcional, 86 bancos han hecho pública su voluntad de acogerse a este código, lo que supone casi la totalidad de entidades bancarias españolas, según ha informado el Ministerio de Economía y Competitividad. La lista ha sido remitida al Boletín Oficial del Estado para su publicación, como establece el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo sobre medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

Según fuentes del Ministerio, las entidades que se acojan al código estarán obligadas a dar la máxima publicidad del mismo entre sus clientes, y una vez adheridos los bancos deberán permanecer al menos 2 años aceptando todos los puntos de este código, incluyendo la opción a dación en pago para los clientes con menos recursos.


Los bancos que no aceptaron el Código son:

• La CAM y Banco de Valencia, la primera en proceso de fusión con el Sabadell y la segunda a punto de ser subastada.
• Las entidades extranjeras con sede en España, como Citibank, Deutsche Bank, Banco Caixa Geral, Banco Espírito Santo, Lloyds Bank International o el Banco Pichincha.

Nuevo Real Decreto-ley 6/2012.

La relación ente los bancos y el Gobierno empeora con el paso del tiempo. Primero por exigirles subir las provisiones contra la morosidad al mismo tiempo que en el extranjero se les pide más capital. Después por obligarles a pagar la reestructuración de las cajas con el dinero del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), y desde ahora por tener que aceptar la dación en pago como última posibilidad para los que no puedan pagar los créditos hipotecarios. 

Soraya Sáenz, vicepresidenta del Gobierno.

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, presentó el 9/3/2012 el código de buenas prácticas para flexibilizar la situación de los que no pueden pagar las hipotecas. El objetivo último es evitar los desahucios al aceptar la dación en pago, es decir, devolver la casa al banco como pago del crédito pendiente.

Como aclaró la vicepresidenta al término del Consejo de Ministros, el código de buenas prácticas tendrá carácter retroactivo. Es decir, las entidades que voluntariamente se comprometan a firmar ese acuerdo, podrán aplicar las medidas beneficiosas para los actuales procesos de desahucio. No obstante, dependerá de en qué momento procesal se encuentren los trámites para que se puedan acoger a estas condiciones.

Según fuentes judiciales, hay 300.000 procesos abiertos y unos 150.000 desahucios realizados. El Gobierno espera que en estos tiempos difíciles la mayoría del sector financiero se acoja a este código. Las entidades están en contra de que se recupere la dación en pago y consideran que la supuesta “voluntariedad” es en realidad una obligatoriedad, porque nadie se puede oponer al Gobierno. Deberán acogerse al código y si no lo hacen, tendrán responsabilidades judiciales.

Las condiciones para estar incluido en este plan es que todos los miembros de la familia estén en paro; que las cuotas hipotecarias superen el 60% de los ingresos de la familia y que solo se posea una vivienda. Se protegerá a las hipotecas inferiores a los 200.000 euros en ciudades de más de un millón de habitantes hasta las poblaciones de menos de 100.000 habitantes, donde el límite son casas de menos de 100.000 euros. Los afectados no podrán tener rentas del trabajo o de actividades económicas. Los intereses moratorios no podrán ser superiores a 2,5 puntos sobre el tipo aplicado al préstamo.

Ante el impago de las cuotas, se activará el siguiente proceso: primero se reestructurará la deuda ofreciendo hasta cuatro años en los que solo se pagarán los intereses y no el capital. También se podrá prolongar la hipoteca 40 años. El tipo aplicado sobre el euríbor en estos casos no superará los 0,25 puntos sobre el habitual.

Si esto no es suficiente se aplicará el segundo plan que consiste en una quita de la deuda. Si aún así es inviable el pago del préstamo se aplicará la dación en pago. La familia afectada podrá seguir dos años más, prorrogable, en alquiler. El precio del alquiler será el 3% sobre la deuda pendiente.


El seguimiento será efectuado por una Comisión de Control en la que estará una representación de la Asociación Hipotecaria Española, el Banco de España, la CNMV y la Secretaría de Estado de Economía. La Comisión de Control publicará al respecto un informe semestral sobre el grado de cumplimiento del Código.Los clientes de las entidades financieras que han suscrito el Código podrán reclamar ante el Banco de España en caso de incumplimiento.

Vecinos e indignados logran parar el desahucio de una familia.

PAH y 15M contra desahucios.

 Abdenbi Amaraoui y los otros cuatro miembros de su familia, todos de origen magrebí, pudieron dormir anoche en su casa de Almoines y seguirán haciéndolo, como mínimo, un mes más. No obstante, eso no estaba tan claro a primera hora de la mañana. A las 9 del día de hoy estaba previsto que se hiciera efectivo el desahucio de esta familia que se ha quedado colgada de una hipoteca que no puede pagar. Finalmente, la comisión judicial que acudió a la vivienda dio media vuelta y renunció a ejecutar el desahucio tras encontrarse, a las puertas del domicilio, una barrera humana formada por cerca de 60 personas.

Hace unos años, Amaraoui y su familia compraron esta vivienda y, para ello, firmaron una hipoteca que superaba los 120.000 euros. En la actualidad, la familia carece de ingresos para poder hacer frente al préstamo. En caso de ejecutarse el desahucio, perderían la casa y, además, aún le adeudarían a la entidad bancaria 70.000 euros más.

La familia afectada no ha conseguido que el banco acepte ninguna de las fórmulas que, asesorados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), le habían propuesto para que fuera más barata la pérdida de la vivienda. De hecho, según la PAH, la familia había solicitado la dación en pago al banco, así como poder seguir viviendo en la casa pagando un alquiler que no fuera superior al 30 % de sus ingresos mensuales, pero no les han concedido ninguna de las peticiones. La protesta logró evitar el desahucio de forma totalmente pacífica. Ni la comisión judicial ni los manifestantes forzaron la situación. 

Representantes del PAH y el 15M acudieron a continuación también a los juzgados de Gandia para certificar que quedaba aplazado el desahucio. En principio, durante un mes. No obstante, los colectivos convocantes señalaban que dada la saturación de ejecuciones hipotecarias que tienen pendientes, puede ser que se alargue durante unos meses más.

Mediación para evitar desahucios.

Los dramas de miles de personas que están siendo desahuciadas de sus viviendas reciben cada vez más interés por políticos, expertos y entidades bancarias. Al código de buenas prácticas impulsado por el Gobierno se han sumado otras propuestas que llegan  de varios sitios (Ayuntamientos, Colegios de Abogados, cooperativas...). La mediación va extendiéndose como una fórmula para evitar, si no todos, algunos desahucios.

El pasado 9 de enero abría las puertas en Terrassa —localidad de 212.000 habitantes de Barcelona— la primera Oficina de Intermediación Hipotecaria, un proyecto pionero impulsado por el Ayuntamiento junto a su Colegio de Abogados y cuyo objetivo es mediar entre los afectados por las hipotecas y las entidades bancarias, facilitando que lleguen a acuerdos que satisfagan a ambas partes y reducir los desahucios.

El detonante del proyecto fue constatar que había una familia con dos menores durmiendo en un coche. Y ha sido posible por el empeño de la concejal de Vivienda, Lluisa Melgares, que pretende crear un parque público de viviendas con parte de los pisos de las entidades, aquellos que llevan años vacíos.

Durante una jornada organizada por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) dedicada a la problemática de los desahucios, Sàmper (decano del colegio de abogados de Terrassa) hizo balance de los primeros dos meses y medio de vida de esta Oficina de Intermediación Hipotecaria. Desde el 9 de enero y hasta el 22 de marzo, los dos abogados que trabajan en ella atendieron 348 llamadas de teléfono e iniciaron 116 expedientes en distintas etapas del problema: afectados que prevén van a incurrir en impagos, que ya han fallado en alguna cuota o que tienen fecha de desahucio. De los 51 casos que han cerrado, la mayoría (el 68%) ha tenido una resolución positiva: la entidad ha ofrecido una alternativa al usuario (acuerdos de refinanciación, de carencia, dación en pago o suspensión del plazo procesal de lanzamiento).

Según cuenta Francesc Preixiens, uno de los abogados de la oficina, al principio los bancos no aceptaban esta medida pero poco a poco la situación ha mejorado, están siendo más receptivos y se van consiguiendo cosas aunque no siempre se llega a soluciones. Si el piso ya está subastado es muy difícil, aunque se ha conseguido en algún caso. A muchos de los afectados que se sobreendeudaron nadie les alertó de que estaban haciendo una locura, la banca lo sabía, y ahora sabe que debe ayudarles, por lo que no les interesa adjudicarse más casas. 

Preixiens está convencido del éxito de esta oficina que define como necesaria, pero también rentable. Necesaria porque en los primeros meses ha comprobado que solo el 7% de los afectados cumplen los requisitos que ha marcado el Gobierno para acogerse al código de buenas prácticas (que todos los miembros de la familia estén en paro, que las cuotas de la hipoteca superen el 60% sus ingresos, que el precio de la hipoteca no supere los 200.000 euros... ). Y rentable, porque según sus cálculos las entidades abonan como mínimo 3.150 euros por cada expediente de ejecución hipotecaria. La Oficina de Intermediación Hipotecaria genera un coste de 166 euros por expediente.

A pesar de que el coste no es elevado, muchos Ayuntamientos han rechazado poner en marcha su oficina por falta de presupuesto. Por eso desde el CGAE se intenta buscar recursos, además de en la Administración local, en el Gobierno y en la banca.

Pero estas propuestas solo son parches que resolverán algunos casos pero que posponen el momento en que se tenga que resolver el problema de fondo, porque tener a medio millón de familias en la economía sumergida es un drama económico de tal magnitud que es un problema de estado.