Los desahucios alcanzan un récord durante 2011 con 58.241 expedientes.

Los juzgados españoles procesaron el año pasado 58.241 expedientes de desahucio, cifra que supone un récord desde que se tiene registro y que supuso además un aumento del 22% con respecto a 2010. El persistente aumento del paro y los problemas que atraviesan las familias para llegar a fin de mes han llevado a muchos inquilinos a dejar de pagar sus hipotecas o alquileres, tal y como ponen de relieve los datos publicados hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Para evitar el drama que suponen los desalojos, el Gobierno ha decidido crear un código de buenas prácticas para la banca con vistas a flexibilizar los desahucios y facilitar la dación en pago de las hipotecas para las personas en riesgo de exclusión. De hecho, durante los últimos cuatro años, los desahucios judiciales se han disparado hasta alcanzar los 166.700 expedientes.

La región mas afectada, con diferencia, fue la Comunidad Valenciana, con 13.711 desahucios, seguido de Andalucía con 9.864 y Madrid con 9.460 expedientes. La menos afectada fue La Rioja, con 244. 

El Consejo General del Poder Judicial ha informado hoy también de las ejecuciones, es decir, de los procedimientos iniciados por las entidades hipotecarias para quedarse con las viviendas impagadas, y que en 2011 registraron un descenso del 17%, hasta los 77.854, lejos del récord alcanzado en 2010 con 93.636 procedimientos.

Andalucía se puso a la cabeza con 16.313 expedientes, seguido de la Comunidad Valenciana con 14.868 y Cataluña con 13.727. Sólo en el último trimestre se iniciaron en España 20.751 expedientes, un 17% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Las estadísticas judiciales del CGPJ ofrecen también datos sobre los procesos concursales que han sufrido las empresas, y que en el año 2011 ascendieron a 8.027, la cifra más alta desde que se tiene registro y un 13 por ciento más que en 2010. La comunidad más afectada fue la catalana con 1.564 concursos, seguida de la valenciana con 1.241 y Madrid con 1.141.

La dación en pago solo protegerá a las hipotecas más bajas.

El Gobierno presentó el 8 de Marzo en el Consejo de Ministros el código de buenas prácticas con el que se pretende flexibilizar los embargos hipotecarios que realiza la banca.

Según fuentes financieras, el código establecerá que las familias que tengan una carga financiera superior al 80% de sus ingresos, se podrán acoger a las medidas de refinanciación. Esto supone un conjunto de pasos, como la reducción de la cuota, alargamiento del plazo y en el caso más extremo, terminará en la posibilidad de acogerse a la dación en pago. Esto supone que la entrega de la casa acaba con la deuda pendiente.

Otro de los aspectos relevantes es a qué tipo de hipotecas afectará el código. El Gobierno ha determinado que en las ciudades de más de un millón de habitantes, se protegerá a las hipotecas inferiores a 200.000 euros. Así va descendiendo en una escala hasta llegar a las poblaciones de menos de 100.000 habitantes, donde se cubrirán los préstamos hipotecarios inferiores a 120.000 euros. Estas escalas se han fijado teniendo en cuenta el valor de las viviendas medias de protección oficial.

Los bancos que se acojan voluntariamente a este código, que se publicará en el BOE, deberán permanecer un mínimo de dos años. Para mayor defensa de los clientes, se ha establecido que el incumplimiento de estas normas serán denunciables y se podrá reclamar indemnizaciones. Además, para que una familia se pueda acoger al código tiene que tener todos sus miembros en paro. Tampoco pueden contar con un patrimonio (financiero, inmobiliario o de cualquier tipo), con el que podrían hacer frente a la deuda.

 Algunas entidades creen que “el Ministerio de Economía quiere transmitir el código a la sociedad como una acción social”. La banca, con el apoyo del Banco de España, ha insistido en que si se establecen condiciones “demasiado protectoras, el resultado será que se eleven mucho los márgenes actuales de los préstamos y lo pagarán todos los clientes”, amenaza.

Otro de los riesgos que destacan es que puede provocar el “efecto llamada”. Esto es que clientes que podrían pagar dejen de hacerlo al conocer las condiciones ventajosas. Alguna entidad comenta que hay familias que prefieren mantenerse en la vivienda, una vez que dejan de pagar el crédito, porque saben que se tarda dos años de media en producir el desalojo. Desde las asociaciones en defensa de los afectados por la hipoteca se rechaza estos planteamientos. Ellos destacan que las familias que están en estos casos llegan después de situaciones personales muy difíciles “y se enfrentan a bancos con escasa capacidad de flexibilizar los pagos”.

La lucha de Paola para evitar el desahucio.

Paola Angulo, colombiana de 33 años, casada y con dos hijas pequeñas, acudió el 29 de Febrero a la oficina de Deutsche Bank de la plaza del Ayuntamiento de Valencia para presentar una carta de apoyo respaldada por 89.962 firmas logradas por Internet con la que evitar su desahucio el 22 de marzo. Pretendía negociar una alternativa a la expulsión de su casa o, al menos, que la entidad financiera le permitiese seguir viviendo en ella a cambio de un alquiler hasta que termine el curso escolar. El banco ya se ha quedado formalmente con su casa por un 60% del precio que la tasó al concederle el crédito y le reclama, además, 110.000 euros. La mujer tuvo problemas, sin embargo, incluso para poder entrar en la oficina de la entidad.

 Ayer se presentó acompañada de una veintena de personas de la Asociación de Vecinos del Parque Alcosa de Alfafar, donde vive, y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Llegó un furgón de la policía, que no llegó a intervenir, y Angulo y Yolanda Prat, asesora jurídica de la Plataforma, consiguieron acceder al banco, aunque sin mucho éxito: "No nos han dejado entrar al despacho del director. Nos ha atendido de pie en el mostrador y nos ha dicho que la decisión no estaba en su mano, que lo pondría en conocimiento del departamento jurídico correspondiente. Le hemos pedido que nos dijera qué departamento era, para comunicarnos con ellos. Pero solo nos ha dado un número de atención al cliente, un 902”.

La historia de Paola Angulo y su marido Marcelo encarna en buena medida el auge y caída de la economía española. Paola llegó a Valencia en 2001. En 2004 se casó y tuvo su primera hija. En 2005 obtuvo la residencia legal. Ella (empleada de hogar) y su marido (construcción), y su hermana (hostelería) tenían empleos indefinidos y decidieron comprar sus pisos. La inmobiliaria les facilitó hipotecas a ella y a su hermana en las que cada una hacía de avalista de la otra. En 2008 perdieron sus empleos. En 2010 el banco se quedó con el piso de su hermana, que volvió a Colombia. Más tarde, Paola perdió el suyo, y ahora carga con las deudas de las dos.

La propuesta de la afectada por el desahucio era que el banco le permitiera quedarse en la vivienda pagando un “alquiler social”. Una expresión que, según explicó Julián Moyano, secretario de la asociación de vecinos, equivale a un alquiler de mercado. Y que se le perdonase la deuda “para tener una segunda oportunidad”.