Desahucios para los que ya no hay solución.

Después de lograr dos aplazamientos, Luis Mendes no ha logrado en esta ocasión frenar su desahucio. Tres meses después de su primera orden de lanzamiento, en noviembre, el inmigrante, de 40 años y originario de Guinea-Bissau, ha tenido que abandonar en marzo el que fue su piso, que pertenece a su entidad bancaria desde hace meses, cuando se subastó tras reiterados impagos.

Debido a que el piso ya estaba subastado ni Mendes ni miles de afectados por desahucios que ya están en marcha, podrán acogerse al código de buenas prácticas. 

Las condiciones para poder acogerse al plan de flexibilización de condiciones marcado por el Gobierno exigen que todos los miembros de la familia estén en paro, que las cuotas hipotecarias superen el 60% de los ingresos de la familia y que solo se posea una vivienda. Mendes, que tiene ocho hijos en su país, cumple estos requisitos. Lleva meses en el paro, ha agotado las prestaciones y no tiene más viviendas. La cuantía de la hipoteca también cumple las condiciones del código para poblaciones del tamaño de Torrejón (120.000 habitantes): es menor de 150.000 euros. Pero el código de buenas prácticas solo sirve en aquellos procesos de desahucio en los que llegue antes del anuncio de la subasta pública. Para el resto, la iniciativa llega tarde.

El inmigrante ha hecho las maletas y ha abandonado la vivienda. Pero su gran duda, como la de muchos desahuciados, es qué hará ahora. Ese es uno de los problemas, la ausencia de un sitio alternativo al que ir o de dinero para alquilar una nueva. Eso y la sensación de haber tirado el dinero ya aportado durante los años en que sí cumplieron con sus pagos más la entrada.

En concreto Mendes firmó en 2002 una hipoteca de 114.000 euros con Bankia (que todavía no ha anunciado si se acogerá al código de buenas prácticas del Gobierno). La hipoteca también figura a nombre de un amigo ("si no, no me la daban", dice). Hasta 2010, trabajaba en la construcción, e ingresaba una media de 1.800 euros, pero en 2009 se quedó en el paro y dejó de pagar. La entidad le reclamó entonces una deuda pendiente de 109.000 euros. No los tenía y se puso en marcha la ejecución hipotecaria.