Nuevo Real Decreto-ley 6/2012.

La relación ente los bancos y el Gobierno empeora con el paso del tiempo. Primero por exigirles subir las provisiones contra la morosidad al mismo tiempo que en el extranjero se les pide más capital. Después por obligarles a pagar la reestructuración de las cajas con el dinero del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), y desde ahora por tener que aceptar la dación en pago como última posibilidad para los que no puedan pagar los créditos hipotecarios. 

Soraya Sáenz, vicepresidenta del Gobierno.

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, presentó el 9/3/2012 el código de buenas prácticas para flexibilizar la situación de los que no pueden pagar las hipotecas. El objetivo último es evitar los desahucios al aceptar la dación en pago, es decir, devolver la casa al banco como pago del crédito pendiente.

Como aclaró la vicepresidenta al término del Consejo de Ministros, el código de buenas prácticas tendrá carácter retroactivo. Es decir, las entidades que voluntariamente se comprometan a firmar ese acuerdo, podrán aplicar las medidas beneficiosas para los actuales procesos de desahucio. No obstante, dependerá de en qué momento procesal se encuentren los trámites para que se puedan acoger a estas condiciones.

Según fuentes judiciales, hay 300.000 procesos abiertos y unos 150.000 desahucios realizados. El Gobierno espera que en estos tiempos difíciles la mayoría del sector financiero se acoja a este código. Las entidades están en contra de que se recupere la dación en pago y consideran que la supuesta “voluntariedad” es en realidad una obligatoriedad, porque nadie se puede oponer al Gobierno. Deberán acogerse al código y si no lo hacen, tendrán responsabilidades judiciales.

Las condiciones para estar incluido en este plan es que todos los miembros de la familia estén en paro; que las cuotas hipotecarias superen el 60% de los ingresos de la familia y que solo se posea una vivienda. Se protegerá a las hipotecas inferiores a los 200.000 euros en ciudades de más de un millón de habitantes hasta las poblaciones de menos de 100.000 habitantes, donde el límite son casas de menos de 100.000 euros. Los afectados no podrán tener rentas del trabajo o de actividades económicas. Los intereses moratorios no podrán ser superiores a 2,5 puntos sobre el tipo aplicado al préstamo.

Ante el impago de las cuotas, se activará el siguiente proceso: primero se reestructurará la deuda ofreciendo hasta cuatro años en los que solo se pagarán los intereses y no el capital. También se podrá prolongar la hipoteca 40 años. El tipo aplicado sobre el euríbor en estos casos no superará los 0,25 puntos sobre el habitual.

Si esto no es suficiente se aplicará el segundo plan que consiste en una quita de la deuda. Si aún así es inviable el pago del préstamo se aplicará la dación en pago. La familia afectada podrá seguir dos años más, prorrogable, en alquiler. El precio del alquiler será el 3% sobre la deuda pendiente.


El seguimiento será efectuado por una Comisión de Control en la que estará una representación de la Asociación Hipotecaria Española, el Banco de España, la CNMV y la Secretaría de Estado de Economía. La Comisión de Control publicará al respecto un informe semestral sobre el grado de cumplimiento del Código.Los clientes de las entidades financieras que han suscrito el Código podrán reclamar ante el Banco de España en caso de incumplimiento.