Mediación para evitar desahucios.

Los dramas de miles de personas que están siendo desahuciadas de sus viviendas reciben cada vez más interés por políticos, expertos y entidades bancarias. Al código de buenas prácticas impulsado por el Gobierno se han sumado otras propuestas que llegan  de varios sitios (Ayuntamientos, Colegios de Abogados, cooperativas...). La mediación va extendiéndose como una fórmula para evitar, si no todos, algunos desahucios.

El pasado 9 de enero abría las puertas en Terrassa —localidad de 212.000 habitantes de Barcelona— la primera Oficina de Intermediación Hipotecaria, un proyecto pionero impulsado por el Ayuntamiento junto a su Colegio de Abogados y cuyo objetivo es mediar entre los afectados por las hipotecas y las entidades bancarias, facilitando que lleguen a acuerdos que satisfagan a ambas partes y reducir los desahucios.

El detonante del proyecto fue constatar que había una familia con dos menores durmiendo en un coche. Y ha sido posible por el empeño de la concejal de Vivienda, Lluisa Melgares, que pretende crear un parque público de viviendas con parte de los pisos de las entidades, aquellos que llevan años vacíos.

Durante una jornada organizada por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) dedicada a la problemática de los desahucios, Sàmper (decano del colegio de abogados de Terrassa) hizo balance de los primeros dos meses y medio de vida de esta Oficina de Intermediación Hipotecaria. Desde el 9 de enero y hasta el 22 de marzo, los dos abogados que trabajan en ella atendieron 348 llamadas de teléfono e iniciaron 116 expedientes en distintas etapas del problema: afectados que prevén van a incurrir en impagos, que ya han fallado en alguna cuota o que tienen fecha de desahucio. De los 51 casos que han cerrado, la mayoría (el 68%) ha tenido una resolución positiva: la entidad ha ofrecido una alternativa al usuario (acuerdos de refinanciación, de carencia, dación en pago o suspensión del plazo procesal de lanzamiento).

Según cuenta Francesc Preixiens, uno de los abogados de la oficina, al principio los bancos no aceptaban esta medida pero poco a poco la situación ha mejorado, están siendo más receptivos y se van consiguiendo cosas aunque no siempre se llega a soluciones. Si el piso ya está subastado es muy difícil, aunque se ha conseguido en algún caso. A muchos de los afectados que se sobreendeudaron nadie les alertó de que estaban haciendo una locura, la banca lo sabía, y ahora sabe que debe ayudarles, por lo que no les interesa adjudicarse más casas. 

Preixiens está convencido del éxito de esta oficina que define como necesaria, pero también rentable. Necesaria porque en los primeros meses ha comprobado que solo el 7% de los afectados cumplen los requisitos que ha marcado el Gobierno para acogerse al código de buenas prácticas (que todos los miembros de la familia estén en paro, que las cuotas de la hipoteca superen el 60% sus ingresos, que el precio de la hipoteca no supere los 200.000 euros... ). Y rentable, porque según sus cálculos las entidades abonan como mínimo 3.150 euros por cada expediente de ejecución hipotecaria. La Oficina de Intermediación Hipotecaria genera un coste de 166 euros por expediente.

A pesar de que el coste no es elevado, muchos Ayuntamientos han rechazado poner en marcha su oficina por falta de presupuesto. Por eso desde el CGAE se intenta buscar recursos, además de en la Administración local, en el Gobierno y en la banca.

Pero estas propuestas solo son parches que resolverán algunos casos pero que posponen el momento en que se tenga que resolver el problema de fondo, porque tener a medio millón de familias en la economía sumergida es un drama económico de tal magnitud que es un problema de estado.