Presentación de nuestro blog sobre los desahucios.

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Opinión de la PAH sobre el Código de Buenas Prácticas.

 Los fundadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau y Adrià Alemany, han afirmado que el Código de Buenas Prácticas de los bancos ante deudores, que incluye la dación en pago como una opción voluntaria, es "una tomadura de pelo" que sólo ha logrado el efecto contrario.

Han presentado en Barcelona su libro "Vidas Hipotecadas", que señala a los responsables de los miles de desahucios que se dan en España y que pretende negociar la deuda con el banco. En la presentación del libro, Colau ha subrayado que, en caso de no poder hacer frente a la hipoteca, lo más importante es informarse de las opciones que hay, no dejarse amenazar por las entidades bancarias y escoger bien el momento en que se deja de pagar para garantizar las necesidades básicas.

Colau y Alemany fundaron en el 2009 la PAH, como continuación del movimiento VdeVivienda, y se encontraron con que los afectados no estaban enfadados, sino que se sentían fracasados a pesar de no tener toda la culpa de haber llegado a esa situación. Por ello los autores piden en el libro un cambio de actitud, y recomiendan no dejar de comer o de alimentar a los hijos para poder pagar la hipoteca.

Dicen que la decisión de dejar de abonar la cuota de la hipoteca es muy personal, pero si alguien ve claro que no tiene suficiente dinero para pagarla, debería pensar en destinar ese dinero a su familia.  

Los autores recomiendan negociar una solución con el banco y no descartar la dación en pago, aunque, por la caída del valor de la vivienda desde 2007, los bancos son reticentes a esta solución y de entrada dirán que es imposible.

Según los fundadores, el código establece unos requisitos muy restrictivos y deja la dación como la última opción, de manera que esto lleva hasta una refinanciación de la deuda que "sólo interesa a los bancos".

El libro denuncia que la responsabilidad de la actual situación recae en todo el mundo, tanto los titulares de hipotecas como las inmobiliarias, los bancos y los políticos, pero a los únicos a los que se les está pasando factura es a las familias.

Por ello, los autores defienden la desobediencia civil, como oponerse a un desahucio autorizado por un juez, ante una ley injusta y que no puede invadir una ley superior que es la de los Derechos Humanos.

Parte de los beneficios del libro irán a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha paralizado cerca de 200 desahucios, ha logrado centenares de daciones en pago y ha conseguido algunas condonaciones de deuda después de subasta. 

Un nuevo desahucio detenido.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) gritaba su lema "sí se puede" este jueves al frenar el desahucio de un matrimonio de ancianos con una historia dramática a sus espaldas (con un hijo y una nieta discapacitados a su cargo). Ana González y Santos Pérez, de 73 y 79 años, podrán seguir viviendo en su piso de Sabadell en régimen de alquiler después de que el banco haya aceptado la dación en pago (saldar la deuda con la entrega del piso).

A medida que la crisis avanza, muchas familias castigadas con el paro se han visto incapaces de hacer frente a sus hipotecas. Desde el inicio de la crisis, las órdenes de desahucio han alcanzado las 6.789 el año pasado en Cataluña, mientras que en 2008 se firmaron 3.926, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Este incremento en los procesos también los están notando los abogados de oficio, que han visto sus actuaciones quintuplicadas, pasando de 508 casos en 2008 a 2.542 en 2011.

La intervención del Ayuntamiento evitó que una familia se quedara sin su vivienda. También fue el caso de Ana y Santos, que arropados con una cuarentena de miembros de la PAH, se plantaron ante la oficina central de Banca Cívica en Barcelona. Allí las negociaciones fueron positivas y el matrimonio consiguió arrancar del banco el compromiso de quedarse en el piso en régimen de alquiler social, pagando 150 euros al mes. La PAH atribuye este éxito a la presión social y mediática conseguida. 

Trabajando duro en diferentes industrias, el matrimonio pagó en unos años el piso. Aquí viven con su nieta, que padece una deficiencia mental y está a su cargo, ya que el padre de ésta se halla ingresado en una residencia al padecer un estado de dependencia total debido a un accidente de tráfico.

Las pesadillas bancarias de Ana y Santos empezaron hace cuatro años, cuando decidieron avalar a su hijo, que había pedido una hipoteca. Ante los impagos del hijo, que se hacía cargo de la deuda, el banco ejecutó la hipoteca en noviembre. 

Estos meses de angustias tuvieron un final feliz por saber que no deberían hacer las maletas, pero con el pesar de saber que el piso ya no les pertenece. "Hemos perdido el piso, pero hemos ganado amigos y una gran familia", resumía emocionado Santos en agradecimiento al apoyo recibido por la plataforma. De hecho, el matrimonio forma parte de la PAH de Sabadell desde su creación ahora hace un año.

Desahucios para los que ya no hay solución.

Después de lograr dos aplazamientos, Luis Mendes no ha logrado en esta ocasión frenar su desahucio. Tres meses después de su primera orden de lanzamiento, en noviembre, el inmigrante, de 40 años y originario de Guinea-Bissau, ha tenido que abandonar en marzo el que fue su piso, que pertenece a su entidad bancaria desde hace meses, cuando se subastó tras reiterados impagos.

Debido a que el piso ya estaba subastado ni Mendes ni miles de afectados por desahucios que ya están en marcha, podrán acogerse al código de buenas prácticas. 

Las condiciones para poder acogerse al plan de flexibilización de condiciones marcado por el Gobierno exigen que todos los miembros de la familia estén en paro, que las cuotas hipotecarias superen el 60% de los ingresos de la familia y que solo se posea una vivienda. Mendes, que tiene ocho hijos en su país, cumple estos requisitos. Lleva meses en el paro, ha agotado las prestaciones y no tiene más viviendas. La cuantía de la hipoteca también cumple las condiciones del código para poblaciones del tamaño de Torrejón (120.000 habitantes): es menor de 150.000 euros. Pero el código de buenas prácticas solo sirve en aquellos procesos de desahucio en los que llegue antes del anuncio de la subasta pública. Para el resto, la iniciativa llega tarde.

El inmigrante ha hecho las maletas y ha abandonado la vivienda. Pero su gran duda, como la de muchos desahuciados, es qué hará ahora. Ese es uno de los problemas, la ausencia de un sitio alternativo al que ir o de dinero para alquilar una nueva. Eso y la sensación de haber tirado el dinero ya aportado durante los años en que sí cumplieron con sus pagos más la entrada.

En concreto Mendes firmó en 2002 una hipoteca de 114.000 euros con Bankia (que todavía no ha anunciado si se acogerá al código de buenas prácticas del Gobierno). La hipoteca también figura a nombre de un amigo ("si no, no me la daban", dice). Hasta 2010, trabajaba en la construcción, e ingresaba una media de 1.800 euros, pero en 2009 se quedó en el paro y dejó de pagar. La entidad le reclamó entonces una deuda pendiente de 109.000 euros. No los tenía y se puso en marcha la ejecución hipotecaria. 

El 95% de los bancos asume el Código de Buenas Prácticas.

El Código de Buenas Prácticas Bancarias aprobado por el Gobierno a principios de marzo ha tenido una gran acogida. A pesar de que la adhesión era opcional, 86 bancos han hecho pública su voluntad de acogerse a este código, lo que supone casi la totalidad de entidades bancarias españolas, según ha informado el Ministerio de Economía y Competitividad. La lista ha sido remitida al Boletín Oficial del Estado para su publicación, como establece el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo sobre medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

Según fuentes del Ministerio, las entidades que se acojan al código estarán obligadas a dar la máxima publicidad del mismo entre sus clientes, y una vez adheridos los bancos deberán permanecer al menos 2 años aceptando todos los puntos de este código, incluyendo la opción a dación en pago para los clientes con menos recursos.


Los bancos que no aceptaron el Código son:

• La CAM y Banco de Valencia, la primera en proceso de fusión con el Sabadell y la segunda a punto de ser subastada.
• Las entidades extranjeras con sede en España, como Citibank, Deutsche Bank, Banco Caixa Geral, Banco Espírito Santo, Lloyds Bank International o el Banco Pichincha.

Nuevo Real Decreto-ley 6/2012.

La relación ente los bancos y el Gobierno empeora con el paso del tiempo. Primero por exigirles subir las provisiones contra la morosidad al mismo tiempo que en el extranjero se les pide más capital. Después por obligarles a pagar la reestructuración de las cajas con el dinero del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), y desde ahora por tener que aceptar la dación en pago como última posibilidad para los que no puedan pagar los créditos hipotecarios. 

Soraya Sáenz, vicepresidenta del Gobierno.

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, presentó el 9/3/2012 el código de buenas prácticas para flexibilizar la situación de los que no pueden pagar las hipotecas. El objetivo último es evitar los desahucios al aceptar la dación en pago, es decir, devolver la casa al banco como pago del crédito pendiente.

Como aclaró la vicepresidenta al término del Consejo de Ministros, el código de buenas prácticas tendrá carácter retroactivo. Es decir, las entidades que voluntariamente se comprometan a firmar ese acuerdo, podrán aplicar las medidas beneficiosas para los actuales procesos de desahucio. No obstante, dependerá de en qué momento procesal se encuentren los trámites para que se puedan acoger a estas condiciones.

Según fuentes judiciales, hay 300.000 procesos abiertos y unos 150.000 desahucios realizados. El Gobierno espera que en estos tiempos difíciles la mayoría del sector financiero se acoja a este código. Las entidades están en contra de que se recupere la dación en pago y consideran que la supuesta “voluntariedad” es en realidad una obligatoriedad, porque nadie se puede oponer al Gobierno. Deberán acogerse al código y si no lo hacen, tendrán responsabilidades judiciales.

Las condiciones para estar incluido en este plan es que todos los miembros de la familia estén en paro; que las cuotas hipotecarias superen el 60% de los ingresos de la familia y que solo se posea una vivienda. Se protegerá a las hipotecas inferiores a los 200.000 euros en ciudades de más de un millón de habitantes hasta las poblaciones de menos de 100.000 habitantes, donde el límite son casas de menos de 100.000 euros. Los afectados no podrán tener rentas del trabajo o de actividades económicas. Los intereses moratorios no podrán ser superiores a 2,5 puntos sobre el tipo aplicado al préstamo.

Ante el impago de las cuotas, se activará el siguiente proceso: primero se reestructurará la deuda ofreciendo hasta cuatro años en los que solo se pagarán los intereses y no el capital. También se podrá prolongar la hipoteca 40 años. El tipo aplicado sobre el euríbor en estos casos no superará los 0,25 puntos sobre el habitual.

Si esto no es suficiente se aplicará el segundo plan que consiste en una quita de la deuda. Si aún así es inviable el pago del préstamo se aplicará la dación en pago. La familia afectada podrá seguir dos años más, prorrogable, en alquiler. El precio del alquiler será el 3% sobre la deuda pendiente.


El seguimiento será efectuado por una Comisión de Control en la que estará una representación de la Asociación Hipotecaria Española, el Banco de España, la CNMV y la Secretaría de Estado de Economía. La Comisión de Control publicará al respecto un informe semestral sobre el grado de cumplimiento del Código.Los clientes de las entidades financieras que han suscrito el Código podrán reclamar ante el Banco de España en caso de incumplimiento.

Vecinos e indignados logran parar el desahucio de una familia.

PAH y 15M contra desahucios.

 Abdenbi Amaraoui y los otros cuatro miembros de su familia, todos de origen magrebí, pudieron dormir anoche en su casa de Almoines y seguirán haciéndolo, como mínimo, un mes más. No obstante, eso no estaba tan claro a primera hora de la mañana. A las 9 del día de hoy estaba previsto que se hiciera efectivo el desahucio de esta familia que se ha quedado colgada de una hipoteca que no puede pagar. Finalmente, la comisión judicial que acudió a la vivienda dio media vuelta y renunció a ejecutar el desahucio tras encontrarse, a las puertas del domicilio, una barrera humana formada por cerca de 60 personas.

Hace unos años, Amaraoui y su familia compraron esta vivienda y, para ello, firmaron una hipoteca que superaba los 120.000 euros. En la actualidad, la familia carece de ingresos para poder hacer frente al préstamo. En caso de ejecutarse el desahucio, perderían la casa y, además, aún le adeudarían a la entidad bancaria 70.000 euros más.

La familia afectada no ha conseguido que el banco acepte ninguna de las fórmulas que, asesorados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), le habían propuesto para que fuera más barata la pérdida de la vivienda. De hecho, según la PAH, la familia había solicitado la dación en pago al banco, así como poder seguir viviendo en la casa pagando un alquiler que no fuera superior al 30 % de sus ingresos mensuales, pero no les han concedido ninguna de las peticiones. La protesta logró evitar el desahucio de forma totalmente pacífica. Ni la comisión judicial ni los manifestantes forzaron la situación. 

Representantes del PAH y el 15M acudieron a continuación también a los juzgados de Gandia para certificar que quedaba aplazado el desahucio. En principio, durante un mes. No obstante, los colectivos convocantes señalaban que dada la saturación de ejecuciones hipotecarias que tienen pendientes, puede ser que se alargue durante unos meses más.

Mediación para evitar desahucios.

Los dramas de miles de personas que están siendo desahuciadas de sus viviendas reciben cada vez más interés por políticos, expertos y entidades bancarias. Al código de buenas prácticas impulsado por el Gobierno se han sumado otras propuestas que llegan  de varios sitios (Ayuntamientos, Colegios de Abogados, cooperativas...). La mediación va extendiéndose como una fórmula para evitar, si no todos, algunos desahucios.

El pasado 9 de enero abría las puertas en Terrassa —localidad de 212.000 habitantes de Barcelona— la primera Oficina de Intermediación Hipotecaria, un proyecto pionero impulsado por el Ayuntamiento junto a su Colegio de Abogados y cuyo objetivo es mediar entre los afectados por las hipotecas y las entidades bancarias, facilitando que lleguen a acuerdos que satisfagan a ambas partes y reducir los desahucios.

El detonante del proyecto fue constatar que había una familia con dos menores durmiendo en un coche. Y ha sido posible por el empeño de la concejal de Vivienda, Lluisa Melgares, que pretende crear un parque público de viviendas con parte de los pisos de las entidades, aquellos que llevan años vacíos.

Durante una jornada organizada por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) dedicada a la problemática de los desahucios, Sàmper (decano del colegio de abogados de Terrassa) hizo balance de los primeros dos meses y medio de vida de esta Oficina de Intermediación Hipotecaria. Desde el 9 de enero y hasta el 22 de marzo, los dos abogados que trabajan en ella atendieron 348 llamadas de teléfono e iniciaron 116 expedientes en distintas etapas del problema: afectados que prevén van a incurrir en impagos, que ya han fallado en alguna cuota o que tienen fecha de desahucio. De los 51 casos que han cerrado, la mayoría (el 68%) ha tenido una resolución positiva: la entidad ha ofrecido una alternativa al usuario (acuerdos de refinanciación, de carencia, dación en pago o suspensión del plazo procesal de lanzamiento).

Según cuenta Francesc Preixiens, uno de los abogados de la oficina, al principio los bancos no aceptaban esta medida pero poco a poco la situación ha mejorado, están siendo más receptivos y se van consiguiendo cosas aunque no siempre se llega a soluciones. Si el piso ya está subastado es muy difícil, aunque se ha conseguido en algún caso. A muchos de los afectados que se sobreendeudaron nadie les alertó de que estaban haciendo una locura, la banca lo sabía, y ahora sabe que debe ayudarles, por lo que no les interesa adjudicarse más casas. 

Preixiens está convencido del éxito de esta oficina que define como necesaria, pero también rentable. Necesaria porque en los primeros meses ha comprobado que solo el 7% de los afectados cumplen los requisitos que ha marcado el Gobierno para acogerse al código de buenas prácticas (que todos los miembros de la familia estén en paro, que las cuotas de la hipoteca superen el 60% sus ingresos, que el precio de la hipoteca no supere los 200.000 euros... ). Y rentable, porque según sus cálculos las entidades abonan como mínimo 3.150 euros por cada expediente de ejecución hipotecaria. La Oficina de Intermediación Hipotecaria genera un coste de 166 euros por expediente.

A pesar de que el coste no es elevado, muchos Ayuntamientos han rechazado poner en marcha su oficina por falta de presupuesto. Por eso desde el CGAE se intenta buscar recursos, además de en la Administración local, en el Gobierno y en la banca.

Pero estas propuestas solo son parches que resolverán algunos casos pero que posponen el momento en que se tenga que resolver el problema de fondo, porque tener a medio millón de familias en la economía sumergida es un drama económico de tal magnitud que es un problema de estado.

Los desahucios alcanzan un récord durante 2011 con 58.241 expedientes.

Los juzgados españoles procesaron el año pasado 58.241 expedientes de desahucio, cifra que supone un récord desde que se tiene registro y que supuso además un aumento del 22% con respecto a 2010. El persistente aumento del paro y los problemas que atraviesan las familias para llegar a fin de mes han llevado a muchos inquilinos a dejar de pagar sus hipotecas o alquileres, tal y como ponen de relieve los datos publicados hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Para evitar el drama que suponen los desalojos, el Gobierno ha decidido crear un código de buenas prácticas para la banca con vistas a flexibilizar los desahucios y facilitar la dación en pago de las hipotecas para las personas en riesgo de exclusión. De hecho, durante los últimos cuatro años, los desahucios judiciales se han disparado hasta alcanzar los 166.700 expedientes.

La región mas afectada, con diferencia, fue la Comunidad Valenciana, con 13.711 desahucios, seguido de Andalucía con 9.864 y Madrid con 9.460 expedientes. La menos afectada fue La Rioja, con 244. 

El Consejo General del Poder Judicial ha informado hoy también de las ejecuciones, es decir, de los procedimientos iniciados por las entidades hipotecarias para quedarse con las viviendas impagadas, y que en 2011 registraron un descenso del 17%, hasta los 77.854, lejos del récord alcanzado en 2010 con 93.636 procedimientos.

Andalucía se puso a la cabeza con 16.313 expedientes, seguido de la Comunidad Valenciana con 14.868 y Cataluña con 13.727. Sólo en el último trimestre se iniciaron en España 20.751 expedientes, un 17% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Las estadísticas judiciales del CGPJ ofrecen también datos sobre los procesos concursales que han sufrido las empresas, y que en el año 2011 ascendieron a 8.027, la cifra más alta desde que se tiene registro y un 13 por ciento más que en 2010. La comunidad más afectada fue la catalana con 1.564 concursos, seguida de la valenciana con 1.241 y Madrid con 1.141.

La dación en pago solo protegerá a las hipotecas más bajas.

El Gobierno presentó el 8 de Marzo en el Consejo de Ministros el código de buenas prácticas con el que se pretende flexibilizar los embargos hipotecarios que realiza la banca.

Según fuentes financieras, el código establecerá que las familias que tengan una carga financiera superior al 80% de sus ingresos, se podrán acoger a las medidas de refinanciación. Esto supone un conjunto de pasos, como la reducción de la cuota, alargamiento del plazo y en el caso más extremo, terminará en la posibilidad de acogerse a la dación en pago. Esto supone que la entrega de la casa acaba con la deuda pendiente.

Otro de los aspectos relevantes es a qué tipo de hipotecas afectará el código. El Gobierno ha determinado que en las ciudades de más de un millón de habitantes, se protegerá a las hipotecas inferiores a 200.000 euros. Así va descendiendo en una escala hasta llegar a las poblaciones de menos de 100.000 habitantes, donde se cubrirán los préstamos hipotecarios inferiores a 120.000 euros. Estas escalas se han fijado teniendo en cuenta el valor de las viviendas medias de protección oficial.

Los bancos que se acojan voluntariamente a este código, que se publicará en el BOE, deberán permanecer un mínimo de dos años. Para mayor defensa de los clientes, se ha establecido que el incumplimiento de estas normas serán denunciables y se podrá reclamar indemnizaciones. Además, para que una familia se pueda acoger al código tiene que tener todos sus miembros en paro. Tampoco pueden contar con un patrimonio (financiero, inmobiliario o de cualquier tipo), con el que podrían hacer frente a la deuda.

 Algunas entidades creen que “el Ministerio de Economía quiere transmitir el código a la sociedad como una acción social”. La banca, con el apoyo del Banco de España, ha insistido en que si se establecen condiciones “demasiado protectoras, el resultado será que se eleven mucho los márgenes actuales de los préstamos y lo pagarán todos los clientes”, amenaza.

Otro de los riesgos que destacan es que puede provocar el “efecto llamada”. Esto es que clientes que podrían pagar dejen de hacerlo al conocer las condiciones ventajosas. Alguna entidad comenta que hay familias que prefieren mantenerse en la vivienda, una vez que dejan de pagar el crédito, porque saben que se tarda dos años de media en producir el desalojo. Desde las asociaciones en defensa de los afectados por la hipoteca se rechaza estos planteamientos. Ellos destacan que las familias que están en estos casos llegan después de situaciones personales muy difíciles “y se enfrentan a bancos con escasa capacidad de flexibilizar los pagos”.

La lucha de Paola para evitar el desahucio.

Paola Angulo, colombiana de 33 años, casada y con dos hijas pequeñas, acudió el 29 de Febrero a la oficina de Deutsche Bank de la plaza del Ayuntamiento de Valencia para presentar una carta de apoyo respaldada por 89.962 firmas logradas por Internet con la que evitar su desahucio el 22 de marzo. Pretendía negociar una alternativa a la expulsión de su casa o, al menos, que la entidad financiera le permitiese seguir viviendo en ella a cambio de un alquiler hasta que termine el curso escolar. El banco ya se ha quedado formalmente con su casa por un 60% del precio que la tasó al concederle el crédito y le reclama, además, 110.000 euros. La mujer tuvo problemas, sin embargo, incluso para poder entrar en la oficina de la entidad.

 Ayer se presentó acompañada de una veintena de personas de la Asociación de Vecinos del Parque Alcosa de Alfafar, donde vive, y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Llegó un furgón de la policía, que no llegó a intervenir, y Angulo y Yolanda Prat, asesora jurídica de la Plataforma, consiguieron acceder al banco, aunque sin mucho éxito: "No nos han dejado entrar al despacho del director. Nos ha atendido de pie en el mostrador y nos ha dicho que la decisión no estaba en su mano, que lo pondría en conocimiento del departamento jurídico correspondiente. Le hemos pedido que nos dijera qué departamento era, para comunicarnos con ellos. Pero solo nos ha dado un número de atención al cliente, un 902”.

La historia de Paola Angulo y su marido Marcelo encarna en buena medida el auge y caída de la economía española. Paola llegó a Valencia en 2001. En 2004 se casó y tuvo su primera hija. En 2005 obtuvo la residencia legal. Ella (empleada de hogar) y su marido (construcción), y su hermana (hostelería) tenían empleos indefinidos y decidieron comprar sus pisos. La inmobiliaria les facilitó hipotecas a ella y a su hermana en las que cada una hacía de avalista de la otra. En 2008 perdieron sus empleos. En 2010 el banco se quedó con el piso de su hermana, que volvió a Colombia. Más tarde, Paola perdió el suyo, y ahora carga con las deudas de las dos.

La propuesta de la afectada por el desahucio era que el banco le permitiera quedarse en la vivienda pagando un “alquiler social”. Una expresión que, según explicó Julián Moyano, secretario de la asociación de vecinos, equivale a un alquiler de mercado. Y que se le perdonase la deuda “para tener una segunda oportunidad”.

Legislación relacionada con el desahucio

BOE:   Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios.

Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

Introducción.

El desahucio: durante esta última crisis, muchas personas se han manifestado al verse despojadas de sus casas.
RTVE.es nos muestra el testimonio de diversas familias afectadas por los desahucios. Desde la creación de Afectados por la Hipoteca a finales de 2010 se han logrado parar 149 desahucios en España.